Nueva York. Familiares de víctimas de violencia policiaca apoyados por organizaciones defensoras de derechos y libertades civiles en Estados Unidos y de otros 40 países enviaron una carta a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas solicitando una investigación internacional independiente sobre el uso de fuerza letal por policías y represión oficial de protestas en Estados Unidos.
A un año del asesinato del afroestadunidense George Floyd por policías, evento que detonó protestas masivas sin precedente en demanda de justicia racial, en la carta enviada este lunes firmada por 171 familiares de violencia policiaca (incluyendo los de Floyd) y 270 organizaciones de derechos humanos y civiles, religiosas y anti-racistas de más de 40 países se exigen acciones para combatir la impunidad y obligar el rendimiento de cuentas en Estados Unidos.
La carta llama al Consejo de Derechos Humanos de la ONU establecer una comisión independiente de investigación sobre asesinatos de afroestadunidenses por la policía como también las respuestas violentas de fuerzas de seguridad a las protestas en Estados Unidos, incluyendo contra periodistas.
En la carta dirigida a la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet, se solicita que se formulen recomendaciones para que Estados Unidos formule un plan nacional de acción para eliminar el racismo sistémico y la discriminación racial en Estados Unidos.
La carta recuerda que “la policía en Estados Unidos mata casi mil personas cada año. La epidemia de violencia policiaca se ha enfocado directa y desproporcionadamente sobre gente de color. Personas indigenas y de descendencia africana padecen las tasas más altas de tiroteos policiacos, seguidos por latinos”.
Ofreciendo indicadores de impunidad, la carta afirma que 98.3 por ciento de asesinatos de la policía entre 2013 a 2020 no han resultado en cargos criminales contra los oficiales.
Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las principales organizaciones que impulsa esta iniciativa, declaró que “la violencia policiaca no es un problema únicamente estadunidense, la impunidad y asesinato desproporcionado de personas afroestadunidenses, latinas e indígenas a manos de las fuerzas de seguridad pública sí lo son, y se requiere que toda la comunidad internacional actué”. Agregó que el gobierno de Joe Biden debería responder a las solicitudes de los familiares de las víctimas de “establecer una comisión de indagación de la ONU para obligar a que Estados Unidos rinda cuentas por el sistema desenfrenado de racismo sistémico que promueve la violencia de las fuerzas de seguridad pública”.
“Los asesinatos extrajudiciales de afroestadunidenses por policías en Estados Unidos es uno de los ejemplos más de las violaciones de derechos humanos registrados en la historia”, declaró Collete Flanagan, fundadora de Madres contra la Brutalidad Policiaca, otra de las organizaciones encabezando esta iniciativa.
La carta es en seguimiento a una primera solicitud ante la misma instancia presentada en 2020, de la cual se espera un primer informe. Sin embargo, después de una intensa presión de el gobierno de Donald Trump, la ONU amplió el enfoque de esa investigación a varios países, y no atender en exclusivo al caso de Estados Unidos.
Entre los otros organizadores de esta iniciativa está la influyente Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, las familias de víctimas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro Robert F. Kennedy.
