Atención al público, prioridad para el Poder Judicial

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El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas que preside el magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, continúa con los trabajos de fortalecimiento del servicio al público, particularmente durante la contingencia sanitaria que aqueja al país. Es en este contexto, que el Pleno del Consejo de la Judicatura ha instruido a la Unidad de Mejora Regulatoria de este Poder Judicial, generar acciones que permitan el diagnóstico y consolidación de los servicios que se brindan a la ciudadanía en general.
Derivado de lo anterior, se llevó a cabo una reunión de trabajo virtual encabezada en representación del magistrado presidente, por la consejera de la Judicatura Isela Martínez Flores, y cuyo punto medular consistió en informar los avances respecto al plan de trabajo que mantiene la Unidad de Mejora Regulatoria con los servicios que brinda el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA). Además, se presentó la Encuesta de Participación Ciudadana sobre la Satisfacción de los Servicios que ofrece dicho Centro.
En su intervención, la consejera Martínez Flores instó a todos y todas las asistentes, a redoblar esfuerzos y a continuar trabajando para garantizar un efectivo acceso a la Justicia a la ciudadanía,  así como a la Unidad de Mejora Regulatoria a trabajar de manera articulada con otras áreas de este Poder Judicial, con el objetivo de  apegarse a un plan de acción a corto y largo plazo, en el que se contemplen las medidas sanitarias, ponderándose en todo momento el derecho a la salud del personal judicial y de la sociedad en general.
En esta reunión de trabajo estuvieron presentes la directora del CEJA, Elisheba Goldhaber Pasillas; el titular de la Unidad de Mejora Regulatoria, Francisco Eduardo Kanter Culebro, así como personal de esta Unidad.

Con este encuentro, se refrenda el compromiso de las distintas áreas de esta casa de la justicia con el trabajo jurisdiccional y administrativo, y se reconoce la importancia de la existencia de servidoras y servidores públicos con ética judicial, que trabajen con el compromiso de un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles para el óptimo funcionamiento de las actividades de servicio y de desarrollo humano, a favor de las y los justiciables.